Cálculo del valor económico del servicio ecosistémico de regulación de inundación: Vaso Cencali, Villahermosa, Tabasco, México.

Abstract

Las ciudades dependen de un ambiente natural saludable que le provea una cantidad de beneficios conocidos como servicios ecosistémicos. Algunos ejemplos de estos incluyen agua para beber, aire limpio, alimentos saludables y protección contra inundaciones. La carencia de información, comprensión y planeación afectan en las decisiones respecto al ambiente, esto puede guiar a la pérdida de beneficios de los servicios ecosistémicos. Desde un punto de vista económico significa un uso sub-óptimo del capital natural, resultando en pérdida innecesaria del bienestar, costo para las ciudades y disminución de oportunidades de negocios (TEEB, 2011). Cada año más de 200 millones de personas son afectadas por sequías, inundaciones, tormentas tropicales, terremotos, incendios forestales y otras amenazas. De todos los fenómenos naturales, las inundaciones son quizás el tipo de desastre más frecuente y uno de los más destructores. En los últimos 50 años el registro estadístico de las inundaciones se ha multiplicado por factores de cinco y diez; hoy se observan inundaciones 10 veces más que hace 50 años y 5 veces más que hace sólo 10 años (CONAGUA, 2011). Los humedales disminuyen la naturaleza destructiva de las inundaciones y por lo tanto, la pérdida de éstos aumenta los riesgos de inundaciones. Los humedales como las llanuras de inundación, lagos y embalses, son las principales fuentes de control potencial de inundaciones en sistemas de aguas continentales. Cerca de 2,000 millones de personas viven en áreas de alto riesgo de inundaciones, un riesgo que aumentará si los humedales son eliminados o degradados (EM, 2005). El deterioro ambiental generado por acciones antrópicas en las cuencas hidrográficas ha limitado la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios o ser resilientes a los impactos del cambio climático, por ejemplo, la regulación de inundaciones, provisión de agua y alimentos, conservación del suelo, entre otros (Polo, 2014). El año 2007 marcó un hito en la historia de los desastres en México, en primer lugar, porque se superó la cifra de daños registrados en el año 2005 con la presencia de los huracanes Emily, Stan y Wilma, que sumaron 4,248 millones de dólares y en segundo lugar, porque se presentó uno de los mayores desastres de los últimos veinte años, como fueron las inundaciones de Tabasco provocadas por el frente frío número cuatro, en las cuales tres cuartas parte del territorio del estado quedaron bajo el agua. La repercusión económica por la ocurrencia de los desastres en el 2007 ascendió a 50,644 millones de pesos, es decir 4,633 millones de dólares. Sólo las inundaciones de Tabasco representaron 31 mil 871 millones de pesos, igual al 63% del total de los daños computados; fenómeno que, por la cantidad de perjuicios registrados, es el segundo más importante en la época moderna, sólo por debajo del sismo de 1985 en la Ciudad de México y que se puede atribuir al aumento de la vulnerabilidad, la cantidad de bienes expuestos de la población y los cambios drásticos e inesperados de la naturaleza. La población afectada fue de 1’500,000 habitantes; infraestructura dañada: 123,386 viviendas; 3,876 escuelas; 252 hospitales; 6,485 km de caminos; así como 93,319 hectáreas de cultivos y pastizales. Dentro del sector social el que tuvo los mayores daños fue el de vivienda con un monto de $2,526 millones de pesos (CENAPRED, 2009). El uso de humedales y parques como importante componente del sistema de control de inundaciones en una ciudad, no solo es recomendable sino muy viable. Al ubicar a los parques y áreas verdes cerca de las zonas de inundación de ríos y arroyos y otros sistemas de drenaje natural, los planificadores pueden incrementar la superficie permeable disponible para captación de agua, reducir las tasas de la velocidad de las corrientes (comparado con las superficies sin vegetación como el asfalto) y eliminar daños a edificios y asentamientos humanos, que de otra manera podrían haber sido construidos en el área (Sorensen et al, 1998). Uno de los grandes retos para el desarrollo de las áreas urbanas de América Latina es, reducir la exposición de los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y elaborar alternativas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático en el siglo XXI (CEPAL, 2003; Tiessen, 2013). Los servicios ecosistémicos se definen como los aspectos de los ecosistemas usados, de manera activa o pasiva para producir bienestar humano, considerando que los servicios son fenómenos ecológicos y que no necesariamente deben ser directamente utilizados; por lo tanto, los servicios ambientales incluyen la estructura y función de los ecosistemas, los procesos y funciones que pueden ser utilizados directa o indirectamente (EM,2005; Fisher et al, 2009; EPA, 2009). La relación espacial entre las áreas que producen el servicio y las que lo reciben, pueden ser de tres tipos: a) in situ, b) omni –direccional (en todas direcciones) o c) unidireccional, donde los servicios benefician a un área debido a la dirección del flujo (Fisher et al, 2009). Lo relevante en todo caso es entender que la desaparición de un ecosistema o en el mejor de los casos, su degradación, implica la pérdida de capacidad del mismo para proveer determinados bienes y prestar determinados servicios. Estos son mucho más importantes de lo que tiende a creerse (Delacámara, 2008). Es necesario hacer mayor énfasis en los servicios de regulación, no solo en los de provisión. La planeación adecuada de las actividades productivas, la prevención de consecuencias negativas, la incorporación de los costos ambientales en la obtención de los servicios, así como el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas y su biodiversidad son indispensables para asegurar el mantenimiento de los servicios de regulación. Estos servicios son de fundamental importancia para el bienestar humano, pero prácticamente no son considerados dentro de los esquemas de desarrollo (Balvanera et al, 2009). La valoración de los ecosistemas y sus servicios no debe ser entendida como un fin en sí mismo, sino como una herramienta pragmática que busque la consideración de la naturaleza y los costos asociados a su degradación dentro de la toma decisiones. El papel de la conceptualización de la naturaleza en términos de capital natural y servicios, no debería buscar la suplantación de los valores intrínsecos por los valores instrumentales como acicate para la conservación, sino la complementariedad de los mismos, presentando argumentos conservacionistas en foros donde a menudo han sido ignorados (Gómez-Baggethun y de Groot, 2007). Lambert, 2003 en Penna et al, 2011; define a la valoración como la “asignación de un valor cuantitativo y monetario a los bienes y servicios suministrados por los recursos o sistemas ambientales, ya sea que se cuente o no con precios de mercado que nos puedan prestar asistencia.” Estos métodos de Valoración Económica de los Servicios Ambientales VESA permiten encontrar un indicador monetario del bienestar que percibe la sociedad por los bienes y servicios que proveen los ecosistemas y los hace comparables con los demás bienes y servicios (Azqueta Oyarzun, 1994 en Penna et al, 2011). Por lo tanto, los métodos VESA permiten la consideración de esos bienes y servicios en el proceso de toma de decisiones público y privado (Penna et al, 2011). La elección de los métodos de VESA dependerá de la situación a estudiar y de la disponibilidad de información y de recursos. Los resultados que se obtengan a partir tanto de métodos directos como indirectos constituyen aproximaciones al valor económico de los servicios ambientales. En el caso de los métodos indirectos, las valoraciones se derivan a partir de inferencias que se realizan de las vinculaciones que existen entre bienes y servicios ambientales que no cuentan con un mercado y bienes y servicios privados (Penna et al, 2011). Las externalidades ambientales son sólo una clase particular de externalidades (o efectos externos). No son más importantes que cualquier otro tipo de externalidad económica, pero no sería posible encontrar argumentos racionales para justificar que lo son menos. Si se desea adoptar decisiones más complejas y por lo tanto mejores, estas externalidades deberían ser debidamente cuantificadas e incorporadas en el marco de un análisis costo-beneficio de las decisiones públicas o privadas de la sociedad. A menudo se argumenta que el mayor obstáculo para incorporar estas externalidades en el análisis económico de políticas públicas o decisiones privadas, tiene que ver con su dificultad para ser valoradas monetariamente (Delacámara, 2008; EPA, 2009). La valoración económica es un instrumento al servicio de la política ambiental mediante el cual se pretende imputar valores económicos a los bienes y servicios ambientales. La valoración económica resulta necesaria para lograr dos objetivos económicos prioritarios en todo sistema económico: la eficiencia económica y el crecimiento sostenible (Herruzo, 2002). La valoración económica puede ser una herramienta eficaz para poner el tema de los humedales en las agendas de conservación y de desarrollo de quienes toman las decisiones. El concepto de valoración económica total se ha convertido en uno de los marcos de acción más utilizados para identificar y cuantificar la contribución de los servicios de los ecosistemas al bienestar humano. Considerar el valor económico total de un humedal esencialmente significa considerar la totalidad de sus características como un sistema integrado, sus reservas de recursos o bienes, flujos de servicios ambientales y las propiedades del ecosistema en su conjunto. Esta información permite considerar a los humedales como sistemas económicamente productivos, a la par con otros posibles usos del suelo, recursos y fondos. Proporciona una base analítica ya que considera los pros y contra y permite tomar las decisiones de manejo que más apoyan las aspiraciones y el bienestar de la gente. Una amplia gama de métodos, que se implementan más allá del uso directo de los precios de mercado, está disponible y en uso creciente para valorar los humedales (EM, 2005). Hay una variedad de métodos que podrían usarse, el comité de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, exige que sean legalmente permitidos y científicamente apropiados. Algunos de los métodos considerados por el comité han sido usados extensamente en contextos y decisiones específicas, otros son relativamente nuevos y en desarrollo. Los métodos difieren de manera importante, los conceptos y fuentes, las técnicas empíricas y analíticas, los datos que necesitan y las medidas que ellos generan, así como en la medida que ellos involucran a la gente (EPA,2009).