Análisis de la capacidad organizacional de la Fiscalía General del estado de Tabasco, en el ámbito de los Ministerios Públicos, caso municipio de Centro

Abstract

La investigación de este problema social se realizó por el interés de analizar una problemática de gestión pública en el Estado de Tabasco, en la cual para la definición del problema se tomó en cuenta que la impunidad es uno de los principales factores que han afectado la vida social, económica y política; ya que en la actualidad el fenómeno de la delincuencia, en la percepción de la gente, es el principal problema del Estado y surge de acuerdo con lo publicado en el índice Global de Impunidad (IGI) en lo sucesivo, por una falta de capacidad organizacional en las instituciones de procuración de justicia. Es evidente que la función y prioridad de este, es garantizar a la sociedad la seguridad pública como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, en la práctica está siendo superada, teniendo que involucrar y compartir la responsabilidad con la sociedad. Por lo que surge como pregunta de investigación ¿La influencia de la capacidad organizacional incide en la eficiencia de la Fiscalía General del Estado de Tabasco en el Municipio de Centro, para atender a los ofendidos que persiguen denunciar la comisión de un delito? Para sustentar lo planteado en esta investigación se cuenta con un marco referencial que incluye las teorías administrativas y la normatividad correspondiente, así como los conceptos relevantes en relación a la capacidad organizacional y al ámbito del proceso de denuncia en los ministerios públicos. Después se encuentra la metodología a usar en esta investigación, donde se analiza la proporción de la cantidad de habitantes en el Estado de Tabasco, respecto al número y la cantidad de ministerios públicos que existen específicamente en el Municipio de Centro, así como la capacidad de atención a la denuncia por la comisión de delitos en la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Finalmente se realiza el contraste de los resultados obtenidos, con lo mencionado en el IGI 2015 y por el autor (Zepeda-Lecuona, 2002), en lo que respecta a la cantidad de ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, lo que permitirá ordenar y comparar entre la información obtenida en la investigación de campo, con lo ya publicado y así comprobar la efectividad institucional que asegure la cobertura de los servicios de procuración de justicia a la ciudadanía.